El “Buen vivir”: ¿Un remedio al malestar global?

En el presente trabajo nos proponemos estudiar un aspecto particularmente relevante de la nueva Constitución ecuatoriana de 2008, es decir la introducción de la noción filosófica indigenista del “Buen vivir” (Título II, VI y VII de la Constitución), la cual inspirará de ahora en adelante toda la orientación de la política económica y social del Ecuador.

...El “Buen vivir”, definido en la Constitución como derechos y objetivos de vida, pretende ser una alternativa para un nuevo tipo de desarrollo más equitativo y viable, una apuesta por el porvenir de la humanidad.

Veremos así cómo el proyecto político del partido Alianza País, liderado por Rafael Correa y apoyado por el Movimiento indígena Pachacutik, se inserta en una reflexión global que se está elaborando desde hace dos décadas en América Latina, en lo relativo a los derechos socioeconómicos y culturales de los pueblos autóctonos. La consideración de estos últimos por parte de los gobiernos latinoamericanos y, en el caso presente del Ecuador, testimonia la ampliación del proceso democrático en el país.

Palabras claves: Buen vivir; Constitución ecuatoriana; Derechos colectivos; Comunidades indígenas

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Hortense Faivre d’Arcier-Flores

Docteur en Etudes latino-américaines
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
Professeur agrégée de l’université Paris 1 -Panthéon-Sorbonne

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El “Buen vivir”: ¿Un remedio al malestar global?

Introducción

El presente artículo ha sido hecho con base en la comunicación que expuse en el Congreso Mundial de Ciencias Políticas que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Chile en julio de 2009. El tema del Congreso: el “Malestar global” me llamó la atención por la amplitud de su acepción ya que recoge diversos aspectos indisociables en materia social, económica, política, cultural y medioambiental. Etimológicamente, la palabra “malestar” atañe tanto al registro médico, como al religioso o aún al filosófico. Sea a nivel individual o colectivo, este término traduce un estado según el cual el ser humano se encuentra mal física o espiritualmente[1]. Obviamente, su antónimo sería el “Bienestar”, o el “Buen vivir”. Y es precisamente en este concepto en el que se apoya de ahora en adelante la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada masivamente en septiembre de 2008, y al cual vamos a referirnos[2].

El presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, no dudó en arriesgar su mandato presidencial, al convocar a esta consulta popular que daría como resultado la fundación de una nueva Constitución, lo que se considera como « un verdadero cambio de época »[3] : poner fin a la poderosa influencia de los partidos políticos tradicionales al interior de casi todas las instituciones públicas, sistema conocido bajo el nombre de « partidocracia [4]» y a la política neoliberal aplicada en todo el continente durante estas últimas décadas. Política que ha provocado, entre otros efectos, la privatización de servicios de base como la salud, la educación o el acceso al agua. Siguiendo los pasos de Venezuela y Bolivia, Rafael Correa dio inicio a la denominada “Revolución Ciudadana”, es decir una transformación de la sociedad ecuatoriana de manera profunda y duradera.

Trataremos de ver en primer lugar, el sentido que cobra esta amplia noción del “Buen vivir” que se presenta como un nuevo paradigma y que constituye sin duda uno de los puntos más novedosos, sino la esencia, de algunos de los controvertidos temas de la Carta Magna[5]. Para mejor aprehender su significado recurriremos a una lectura contextual de este texto fundamental, recordando brevemente la evolución de la coyuntura política regional en la cual se inserta el Ecuador, país emblemático en cuanto a la lucha de los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El proceso de reformas constitucionales llevadas a cabo en ciertos países inspirados por el proyecto “bolivariano” plantea un cuestionamiento sobre el principio integrador como inclusión étnica y social a nivel nacional, y proyecto unificador a escala regional.

I. Un intento de identificación de una noción polisémica

Ante todo, cabe subrayar toda la ambigüedad de una noción como la del “Buen vivir”, que parece incumbir más a la Ética que al Derecho constitucional, a la vez universal y atemporal, y cuyas raíces se encuentran tanto en el pensamiento filosófico occidental europeo como en la cultura quichua y la cosmovisión andina. Lo cual significa que este concepto puede ser muy moderno y presentarse como un modelo para la sociedad actual mientras remite a una visión tradicional y ancestral de la vida y de la organización socio-política humanas. Nos podemos entonces preguntar ¿En qué estriba la singularidad de esta expresión en el nuevo contexto político ecuatoriano?

Encontramos esta concepción del “Buen vivir”, en lo que comúnmente se clasifica como la “filosofía práctica” que, desde la Grecia Antigua [Aristóteles: Ética a Nicomaca], tiene como objeto de estudio las acciones y las actividades de los hombres, y cuya finalidad es la búsqueda de la felicidad. En este sentido desarrolla un interés directo y concreto en nuestra vida. La cuestión del “Buen vivir” entonces no podía ser resuelta por intermedio de la filosofía moral únicamente, lo cual la reduciría a una ética individual, sino por una reflexión que tomara en cuenta a la Ciudad-Estado y que estableciera un cuadro político adecuado para que la felicidad del individuo fuera posible. Así, en La Republica, el filósofo Platón asegura que sólo la felicidad puede existir en una ciudad bien ordenada, la ética y la política siendo indisociables (Platon, 1993: libro VI y IX).

Más allá del simple sentido biológico incluido en la palabra “vivir”, el “Buen vivir” implica pues una dimensión moral, pero, la subjetividad del término da lugar a varias interpretaciones de tipo hedonista o acético, ligadas a la indagación de la felicidad entendida como finalidad y práctica de vida. Por ende, a primera vista, se puede ver algo paradójico –al menos en el uso de la terminología- el acercamiento de categorías tan opuestas como las normas jurídicas que deben regir el funcionamiento de un Estado y la noción más simbólica y subjetiva del “Buen vivir” que emana de una visión antropológica indigenista (sumak kawsay)[6].

Desde su preámbulo, en la Constitución del Ecuador está claramente anunciado el sentido que se le atribuye a este concepto: se trata de construir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el “Buen vivir”, el sumak kawsay”. Se recuerda allí el necesario respeto a las “raíces milenarias” de los pueblos indígenas que conforman la identidad nacional ecuatoriana y el aporte que constituye “la sabiduría de todas las culturas” que la enriquecen y que apuntan al “Buen vivir”. Y es finalmente esa interpretación profundamente humanista del concepto, la que servirá de punto de apoyo a nuestro estudio.

Aparecida en un contexto regional, de contestación a la economía neoliberal globalizada, la filosofía del “Buen vivir”, como inspiración y herramienta de un proyecto político, propone la implementación de otro sistema social y económico que remitiría a una concepción pre-capitalista o post liberal, más bien alternativa de la sociedad y del mundo para un nuevo tipo de desarrollo más equitativo y solidario. El ser humano es el centro de las prioridades y el principal beneficiario del proceso de desarrollo, fundamentado en los principios de ayuda inter-generacional siempre con miras a la protección de los recursos del medio ambiente (art.57 num.8). El respeto a la madre Tierra (Pachamama) significa otorgarle derechos, lo que constituye una premisa en la historia constitucional. La naturaleza ya no está reducida a un solo conjunto de riquezas explotables, el art.72 reza:

“la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”

Refiriéndonos a esta nueva ética que guía la política del Ecuador, no podemos evitar de establecer un paralelismo con la experiencia boliviana. El “Buen vivir” se diferenciaría así del “vivir mejor”, preconizado por la doctrina económica y política capitalista, que conllevaría una idea consumista, individualista y acumuladora, y por consiguiente basada en la “amoralidad” es decir en: la competencia, las desigualdades y el egoísmo[7]. La Constitución de Bolivia contiene igualmente entre los principios ético-morales, el del “Vivir bien” (Suma qamaña), el cual se sustenta en los valores de igualdad, unidad y justicia social (T. I, Cap.2.- art.8.). Además de ser un simple precepto que establece una conducta de vida que se debe respetar, es el lema de un combate político común que apunta al bienestar de los pueblos con miras a la construcción de un “socialismo comunitario en armonía con la madre tierra” (Morales, 2008). Recordemos a este propósito las últimas palabras del jefe de Estado boliviano en su memorable oración: “Diez Mandamientos para salvar el Planeta, la Humanidad y la Vida” pronunciadas ante la Asamblea General de la ONU, el 21 de abril de 2008, que suena como una profecía:

“[…] O seguimos por el camino del capitalismo y la muerte o avanzamos por el camino indígena de la armonía con la naturaleza y la vida.

Los pueblos indígenas no nos vamos a callar hasta lograr un verdadero cambio, porque nuestra voz es la de los nevados que pierden sus ponchos blancos.”

En esta visión de armonía global del mundo, se percibe la particularidad del sincretismo cultural latinoamericano expresado por la mezcla de rasgos de valores cristianos, saberes y prácticas sociales indígenas. Pero también se puede establecer un parentesco con el pensamiento ilustrado francés, especialmente en la teoría del “Contrato Social”, en el cual la libertad del hombre está sometida a la “voluntad general” (expresión de la unión de todos los intereses particulares) encarnada por el Estado de derecho cuyo objetivo tiende al cumplimento del “Bien común” (Rousseau, 1762). En efecto, en ambas Constituciones, boliviana y ecuatoriana, las diferentes formas de organización económica se basan en los principios de complementariedad, reciprocidad y solidaridad que deben ser las bases fundamentales del Estado plural[8] en el cual: “La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo” (Constitución Boliviana, 2009 : Art. 306, cap.I, al.3).

Otros encontrarán ahí, una reminiscencia del humanismo revolucionario de Simón Bolívar, José Martí o del Che Guevara con un matiz idealista profundamente social que emana de los textos constitucionales. Una filiación ideológica endógena que de ahora en adelante reivindican los Presidentes progresistas de América Latina.

 

II. La fuerza de un contexto coyuntural regional

En el ámbito del derecho y de la política, el uso de una noción como la del “Buen vivir”, con fuerte significado simbólico indigenista, es un fenómeno bastante reciente. Coincidió con la aparición de un debate de fondo en las instancias internacionales sobre la cuestión de los derechos humanos, los cuales fueron reducidos durante largo tiempo a simples derechos políticos y civiles. La Conferencia mundial de Viena en 1993 marcó el inicio de una verdadera movilización a favor de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Allí nació la idea de una “Instancia permanente sobre las cuestiones autóctonas”, la cual fue creada en el año 2000 por el Consejo Económico y Social de la ONU. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos fue adoptada finalmente en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta constituiría –según sus promotores- una de las herramientas más importantes para la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de los más de 370 millones de personas que forman parte de la población autóctona, indígena y negra en el mundo. Aunque no tiene fuerza vinculante, esta Declaración legitima una evolución de las normas jurídicas internacionales en favor del compromiso de los Estados por promover y respetar estos derechos individuales y colectivos.

Paralelamente, a este reconocimiento institucional se desarrolló una contestación alter mundialista que se organizó desde las primeras manifestaciones importantes en Seattle en 1999, con motivo de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) luego, en Porto Alegre durante el primer Foro social mundial en enero de 2001, destinado a contrarrestar el peso mediático y político del Foro económico mundial (FEM) de Davos (Suiza). Desde entonces se organizaron estas “anti-cumbres” (o Foros de los Pueblos) que se presentan como alternativas sociales a los encuentros que reúnen casi sistemáticamente a los países más ricos del planeta (G-8). Esta rebeldía surgió entre las clases populares y rurales, organizadas en asociaciones, como en Brasil con el “Movimiento de los Sin Tierra” (MST) y fue apoyada por organizaciones internacionales como ATTAC. Esta corriente antiglobalización expresaba una crítica a los excesos del neoliberalismo y manifestaba la esperanza de construir un nuevo orden social y económico más humano y democrático.

En América Latina se habló de un “despertar indio” para designar a esta contestación que tomó un rumbo político y que se reforzó con el rechazo a las políticas neoliberales[9]. Las manifestaciones sociales, iniciadas en el seno de las comunidades campesinas e indígenas dieron lugar a unas reformas constitucionales que confirman los avances normativos mayores del derecho interamericano, especialmente en lo referente a la propiedad de los territorios de los pueblos autóctonos y su relación con los recursos naturales.

En los países andinos, como en Bolivia o en Ecuador, la fuerza y la dimensión transnacional del movimiento indígena se inscriben en la dinámica de los nuevos movimientos sociales, originando cambios radicales que modificaron el orden político en el seno de los Estados y otorgándoles a las minorías étnicas una existencia mediática y política, es decir una “visibilidad”.

En el Ecuador, la Nueva Constitución de 2008 representa el primer paso hacia la aplicación del « Socialismo del Siglo XXI », del cual el Presidente Correa es uno de los instigadores. Esta fue el resultado de un largo proceso de luchas indígenas llevadas intensamente desde hace más de veinte años por la Confederación de las Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE)[10], proceso que se benefició de una coyuntura política extremadamente favorable tanto a nivel regional como nacional.

La primera propuesta hacia un cambio constitucional en el sentido de un Estado promotor de la interculturalidad fue presentada por el partido socialista ante el Congreso en 1986. Esta iniciativa no fue aprobada, pero, marcó una nueva etapa en la agenda política del Movimiento indígena. En junio de 1990, bajo el gobierno del social-demócrata Rodrigo Borja, la CONAIE organizó el sublevamiento del Inti Raymi, paralizando completamente al país, para pedir que fuesen implementadas verdaderas soluciones a los problemas de la distribución de tierras. Estas revueltas no dejaron de crecer y tomaron un peso decisivo a partir del año 2000, después de la crisis económica que desembocó en la dolarización forzada de la economía, afectando especialmente a las clases media y a las más desfavorecidas. Estas protestas marcaron el inicio de una gran inestabilidad política provocando el derrocamiento de tres presidentes: Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez (Massal, 2009)[11]. Bajo la presión de los movimientos indígenas, la Constitución de 1998 ya había aceptado el carácter multicultural y multiétnico del Estado ecuatoriano, pero no se había reconocido la plurinacionalidad. En mayo del mismo año, el Ecuador firmaba la Convención N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los derechos laborales de los pueblos indígenas.

III. El “Buen vivir” o la conquista de un espacio democrático

La toma en cuenta de los nuevos derechos del Sumak Kawsay incluidos en la Constitución ecuatoriana de 2008, tiene por objeto una mayor participación ciudadana en la vida social, cultural, política y económica del país, lo cual implica para las poblaciones indígenas y afro ecuatorianas la recuperación de espacios de expresión democrática.

A. El reconocimiento de un Estado plurinacional y multicultural

Dicho reconocimiento refleja primero la realidad pluriétnica del Ecuador. Según las cifras de la CONAIE, un 45% de la población ecuatoriana se compondría de pueblos nativos[12] (más de 5,5 millones sobre casi 14 millones). Estas cifras difieren de una fuente a otra y por ello debe de tomárselas con cautela. Y se alejan mucho de las del “censo por autodefinición étnica”, realizado en 2001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) [13]. Aunque la evaluación exacta de los distintos grupos étnicos resulta casi imposible de hacer, se estima generalmente en un 65% a la población mestiza y en un 25% la de amerindios[14]. Estos últimos se dividen en trece nacionalidades: Awa, Chachi, Epera y Tsa’chila1 en la costa pacífica junto con los afro ecuatorianos; Cofán, Siona, Secoya, Huaorani, Zapara, Shiwiar, Achuar y Shuar en la Amazonía. La mayoría de las comunidades viven en zonas rurales, la principal etnia es la quichua (kichwa) establecida sobretodo en la zona de la Sierra, una parte se encuentra igualmente en Oriente.

Estas « nacionalidades »[15] están divididas a su vez en “pueblos” que tienen en común ciertas características tales como el idioma. La « nacionalidad » quichua está conformada por trece pueblos. Estos constituyen “comunidades” con una identidad cultural que les distingue de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidas por un sistema propio de organización social, económica, política y legal. Las « nacionalidades » se encuentran muy a menudo diseminadas en varios territorios, como en el caso de los quichuas que viven sobre todo en las tierras altas del antiguo imperio Inca (Bolivia, Perú, Ecuador, el norte de Chile y una parte de Argentina). Es igualmente el caso de los shuares y ashuares, cuyas comunidades están compartidas entre la Amazonía ecuatoriana y peruana. Por otras partes, se encuentran también núcleos de estas comunidades dispersas y fuera de su territorio ancestral (en Sucumbíos en el norte del país) y esto debido a la expansión de los límites de extracción minera y petrolera, de la presión demográfica y del proceso de colonización o a causa de las guerras[16]. Las comunidades Awa que viven en la frontera entre Colombia y el Ecuador siguen sufriendo de las repercusiones del conflicto armado colombiano y de los perjuicios ecológicos, humanos y económicos ocasionados por las fumigaciones con glifosato en el marco del Plan Colombia en la frontera común.

Las « nacionalidades », si bien no son sinónimo de Nación, conforme al modelo del Estado-nación heredado de la Revolución francesa, son sin embargo constitutivas de la Nación ecuatoriana, ya que todas las individualidades forman parte integrante de un “Estado democrático único e indivisible” en el cual están representadas. Así como consta en la Constitución ecuatoriana:

“Art.6. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.”

“Art.57. Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio[17] y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.”

Dentro de los aspectos culturales, el uso y la conservación del idioma ocupan un lugar prioritario, el art. 2 especifica que si “el castellano es el idioma oficial del Ecuador el quichua y los demás idiomas ancestrales son patrimonio cultural del país, y serán de uso oficial para las nacionalidades y pueblos indígenas en los términos que determine la ley.” Para garantizar su aplicación, el Estado promoverá la educación intercultural bilingüe (art.28) por medio de órganos oficiales como la SEPDI (Subsecretaria de Educación para el diálogo intercultural) y la DINEIB (Dirección Nacional de educación intercultural bilingüe). Fomentará también la pluralidad y la diversidad en el ámbito de la comunicación, facilitando la creación y el refuerzo de los medios públicos, privados y comunitarios (art.16 y 17) que tomen en cuenta en su programa las preocupaciones prioritarias de las poblaciones indígenas y negras. La conquista de nuevos espacios culturales y comunicacionales por medio de la creación de canales televisivos comunitarios, cuya programación será realizada por los propios latinoamericanos, es una manera de contrarrestar la hegemonía mediática de los grandes canales de televisión internacionales, en su mayoría estadounidenses (CNN, NBC, UNIVISION) que dominan el sector de la información en toda América[18].

B. El derecho a la tierra y el acceso a los recursos naturales

La concepción del “Buen vivir” supone para los pueblos y las nacionalidades el derecho de conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, “inalienables, inembargables e indivisibles”, así como el “uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras”, lo que les reconoce el art.58 de la Constitución.

Este derecho a la tierra se acompaña de un deber de preservación de la biodiversidad y de todo lo que toca al patrimonio natural. De esta manera, el Estado a través de la Constitución se compromete a promover el uso de tecnologías limpias y de energías no contaminantes o que lo sean un mínimo. El art.15 estipula que: “La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria […] o de los ecosistemas”. Cabe recordar a este propósito el histórico juicio ambiental iniciado en 2003 por parte de los indígenas cofanes de la Amazonia ecuatoriana (provincias de Sucumbíos y Orellana), en contra de la transnacional petrolera Chevron-Texaco, la cual provocó un verdadero desastre ecológico en esa región.

El autogobierno ejercido por las nacionalidades y pueblos en sus territorios, no significa la propiedad sobre los recursos no renovables del subsuelo, patrimonio inalienable del Estado (art.1, título I), sino la simple propiedad de la tierra que se halle sobre los recursos renovables y sobre todo el acceso al agua:

“Art. 316. El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescindible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.”

Según el art.58, num.7, se debe consultar previamente a las comunidades sobre la extracción de estos bienes, en función de los impactos que podrían provocar en sus modos de vida tradicionales. Estas deberían beneficiarse de estos proyectos o en caso contrario serían indemnizadas por los daños ocasionados a nivel social, cultural o medioambiental. Se trata de una protección jurídica frente a los intereses de las transnacionales petroleras y mineras o de las políticas estatales contrarias a los intereses de la comunidad. La expulsión de la firma norteamericana OXY en mayo de 2006, reemplazada por la compañía Petroecuador, así como el refuerzo de la ley de hidrocarburos[19] son un buen ejemplo de la prioridad otorgada a los intereses nacionales y al desarrollo de la economía del país. Sin embargo, estos intereses están a veces en contradicción con los de las comunidades indígenas y han dado lugar a varias confrontaciones con el Ejecutivo. A pesar de la adopción de leyes favorables a los intereses de las comunidades indígenas, el gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentar manifestaciones hostiles a su política, provocando confrontaciones a veces violentas con los líderes indígenas de la CONFENAIE que protestaban contra los proyectos de explotación minera o petrolera en sus tierras ancestrales. Tal fue el caso con  la comunidad Shuar en la parte amazónica al sur-este del país, provincia de Morona Santiago, en octubre de 2009.

Además, la Constitución incluye una sección de “Justicia indígena” sobre el reconocimiento de una autonomía jurídica para los pueblos autóctonos:

“Art.173. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, garantizando la participación y decisiones de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.

La búsqueda del “Buen vivir” supone lograr un desarrollo, en el cual están reunidas las condiciones a la vez materiales y espirituales de vida. Dentro de esta armonía social a la cual aspiran los pueblos indígenas, se incluyen la dimensión económica, la relación con la naturaleza, la pertenencia comunitaria y la necesidad de conquistar espacios de participación ciudadana, para la formulación de nuevas políticas públicas y la promoción de los nuevos derechos humanos. Los principios de la participación constan en el art. 96 de la Constitución:

“La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. […]La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.”

Así se puede decir que la construcción del poder ciudadano - entendido como la extensión de los derechos y libertades económicas y políticas - forma parte del imperativo ético esencial a la edificación del “Buen vivir” en sociedad.

C. El diseño de integración regional

La Constitución ecuatoriana - y esto es un aspecto novedoso - apuesta por la integración latinoamericana como “objetivo estratégico del Estado”, apoyándose en los principios de lo que denomina un desarrollo equitativo y sustentable, una cooperación solidaria y complementaria que rijan los intercambios realizados en el marco del ALBA-TCP[20]. El Ecuador es efectivamente uno de los países promotores de esta integración regional, no solamente energética sino también política, social y económica (Banco del Sur y proyecto de creación de una moneda única: Sucre).

Constatamos así una total identificación entre la deontología del “Buen vivir” y la concepción del desarrollo sostenible en el cual la dinámica económica tiende a privilegiar la producción de bienes y de servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, rompiendo con la lógica de ganancia y acumulación de capital. Se trata pues de una visión alternativa del mundo y de las relaciones entre las naciones y los pueblos, que caracteriza a los proyectos realizados en los ámbitos político, social, cultural, económico, científico e industrial[21].

El texto constitucional hace hincapié en la noción de “identidad latinoamericana”, la cual constituye el “patrimonio cultural” y la “memoria común de América Latina y del Caribe” (art.423). Así, el reconocimiento de la « plurinacionalidad » del Estado abre, al menos teóricamente, la posibilidad de una ampliación del sentimiento identitario más allá de las fronteras nacionales. La Constitución otorga efectivamente la nacionalidad ecuatoriana a « todas las personas nacidas en territorio extranjero limítrofe con el Ecuador y que pertenecen a un pueblo o una nacionalidad reconocida por el Estado ecuatoriano» (Art.7). Tal es el caso de los cofanes, por ejemplo, cuyas poblaciones se reparten entre los territorios de Colombia y Ecuador, y de los shuares entre el Ecuador y el Perú.

Se vislumbra la creación de una ciudadanía latinoamericana y caribeña, cuyo término está citado por primera vez en la Constitución, lo cual se traduce concretamente por “la libre circulación de las personas en la región, la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones fronterizas y de los refugiados.” Lanzada en 2007, la iniciativa del Plan Ecuador se proponía ser ya una respuesta al Plan Colombia promoviendo el desarrollo de la zona y asegurando el bienestar de las poblaciones de la frontera norte. Más tarde, se puso en marcha el proyecto de Ley Integral de Movilidad Humana aprobado en 2009 y que reconoce los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior, de las familias “transnacionales”, de las personas exiliadas, desplazadas o refugiadas.

Igualmente encontramos la idea de una identidad supranacional en las cuestiones relativas a la seguridad regional, por medio de la impulsión de “una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región” (Art.425, num. 3). Este respeto a la integridad y a la inviolabilidad territorial justificará la negativa para la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional (Art.5). Una decisión que acarreó la no renovación del contrato establecido hasta 2009, y que permitía a los norteamericanos el uso de la base militar de Manta.

De la misma forma, se puede considerar la creación del Consejo de Seguridad Sudamericano en julio de 2008, por parte de la UNASUR, que reagrupa a los doce países del subcontinente, como una encarnación de esta voluntad de autonomía regional en los asuntos internos latinoamericanos[22].

Conclusión

La Constitución ecuatoriana hoy en día representa, sin duda alguna, una revancha de la historia para los pueblos autóctonos, quienes siempre han sido las principales víctimas de las repetidas crisis económicas que han sacudido al país y que culminaron en el año 2000 con el éxodo de una gran parte de la población. La total integración de todas las capas de la población decepcionada del modelo de democracia liberal de tipo occidental, es un desafío lanzado a los gobiernos latinoamericanos frente a  los riesgos de una explosión social[23].

El porvenir de América Latina estriba probablemente en el éxito de esta doble integración a la vez nacional y regional, aunque esta última todavía parece dar apenas sus primeros pasos, debido a las fracturas ideológicas que se hacen sentir entre los diferentes proyectos de reagrupamiento subregional. Sin embargo, la gran dificultad para el gobierno de Rafael Correa será la de encontrar un equilibrio entre los intereses económicos nacionales y las prioridades locales, todo ello respetando la Constitución, con el fin de lograr el apoyo de las comunidades indígenas y de la sociedad civil en su conjunto, más allá de todas las consideraciones políticas y partidistas.

Diría para concluir que frente a las crisis financiera y económica mundiales, que revelaron los fallos del sistema capitalista y frente al malestar generalizado que caracteriza nuestras sociedades actuales, la filosofía del “Buen vivir” entendida como un nuevo contrato social que reúne a los ciudadanos en su diversidad sobre principios de solidaridad y justicia propone un cuestionamiento fundamental para un desarrollo equitativo, sustentable y democrático. En tiempos de profunda angustia global, asistimos a una vuelta de la espiritualidad como respuesta a esta crisis (Roucaute, 2008) y se desarrolla entre los economistas y filósofos actuales una reflexión ética compartida entre los que están a favor de una necesaria “moralización” del capitalismo y los que al admitir la amoralidad de este sistema, buscan alternativas de desarrollo (Comte-Sponville, 2006)[24]. Mientras en Europa, hoy en día, se pone en tela de juicio el costo que representa el bienestar de los pueblos y los adelantos sociales, en América Latina se cree a contra-corriente, que los grandes retos del Milenio no se pueden superar sin basarse en la ética del “Buen vivir”. Cabe mencionar aquí que, por medio de la iniciativa Yasuni ITT, uno de los proyectos ecológicos más audaces, nunca antes propuesto por un país productor de petróleo, el Ecuador se convierte en un ejemplo para la comunidad internacional en su voluntad de ingresar a una economía pospetrolera[25]. Empero, el mayor obstáculo consistirá en convencer a los países industrializados de la urgencia de reunir las contribuciones para su financiamiento[26].

Hay probablemente algo muy utopista en esta visión del mundo, y algunos pueden considerar como un anacronismo ideológico[27] estas palabras de Rafael Correa, quien al referirse a la ALBA expresó: “Esto no es un mercado, no es cuánto ganamos o cuánto perdemos; esto son sueños porque con los sueños también se construye”. Así, la filosofía del “Buen vivir”, declara el presidente “no entiende nuestro destino como resultado de la competencia en el consumo irracional y frívolo, sino como la armonía del ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza” (Correa, 2009).

Una apuesta vital por el futuro de la Humanidad del cual el Ecuador, al igual que las otras naciones del hemisferio, parece haber tomado plenamente conciencia.

Notas de pie de página

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[1] Desde el punto de vista psicoanalítico, la obra de S. Freud, El malestar en la cultura (1929), propone una interpretación del “malestar” que estriba en el antagonismo entre la naturaleza a la cultura, las exigencias “pulsionales” y las restricciones a la libertad individual.

A nivel filosófico y literario, la sensibilidad del Romanticismo europeo de la primera parte del siglo XIX, por ejemplo, solía expresar un profundo “Mal del Siglo”, una fuerte “melancolía”, frente a la modernidad  y al materialismo que caracterizaba a la sociedad capitalista burguesa. El “malestar” es también una postura que se verificaba  en autores como F. Nietzsche y en la corriente del Existencialismo.

[2] Se trata de la vigésima Constitución del Ecuador desde su formación como república en 1830. La última había sido aprobada por una Asamblea Constituyente en 1998 como resultado de una crisis política que culminó con la destitución del presidente Abdalá Bucaram. Desde entonces, el Ecuador tuvo siete presidentes, los cuales nunca terminaron su mandato.

[3] El referéndum del 15 de abril de 2007, con el 81,7% de votos favorables, permitió la convocación de una Asamblea constituyente con el objetivo de reformar la Constitución actual y el régimen  de las instituciones públicas. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fueron elegidos el 30 de septiembre de 2007 por un voto popular que dio la mayoría al Movimiento de la Alianza País (70%). Miembros del movimiento indígena Pachakutik la componían así como representantes del Movimiento Popular Democrático (de obediencia marxista) y otros miembros de los sectores socio-demócratas. Se instaló en la ciudad de Montecristi (provincia de Manabí). Las reformas constitucionales pudieron ser aprobadas sin tener necesidad de negociar con la oposición de derecha. El 25 de junio de 2008, la Asamblea Constituyente aprobó el proyecto constitucional con 94 votos de los 130 de la ANC.

[4] Durante su campaña electoral de 2006, el presidente Rafael Correa utilizó de forma reiterada el término “partidocracia” en su discurso para contraponer su concepción de un  cambio radical a la imagen del viejo poder que encarnaban los partidos socialcristianos liderados por los representantes de la alta burguesía ecuatoriana, lo que él llama las “mafias políticas” que tradicionalmente han dirigido al país.

[5] La nueva Constitución ecuatoriana recoge temas tan controvertidos como : las amplias prerrogativas otorgadas al Presidente de la República, una mayor intervención del Estado en la economía y la defensa de los intereses nacionales, así como una gran apertura en lo referente a los derechos individuales, de  carácter trascendental para el futuro del país. Esta permite la reelección del presidente por un segundo mandato consecutivo, otorga al ejecutivo representado por el Estado un control más fuerte sobre los sectores estratégicos tales como las energías, las minas, las telecomunicaciones y el agua. Entre las oposiciones más virulentas contra el proyecto constitucional que emanan de la Iglesia, se encuentran el derecho al aborto y la libertad de unión [Art. 69].

[6] El uso de este concepto no logró conciliar la unanimidad dentro de los asambleístas y se pudo verificar muchas discrepancias a propósito de su introducción en el texto constitucional. Algunos como Mario Játiva Reyes propusieron usar más bien el término “Bien común” que, según su parecer, convendría mejor en este caso. “El Bien Común es accesible, materializable, definible y deseable, es el bienestar de las mayorías sobre la base de determinar hechos reales y comunes a todos.” (Reyes, 2007).

[7] “Los pueblos indígenas sólo queremos vivir bien, no mejor. Vivir mejor es explotar, es saquear, es robar, pero vivir bien es vivir en hermandad.”, Evo Morales, Discurso en las Naciones Unidas, el 19 de septiembre de 2006.

[8] Esos valores de repartición y de justicia social inscritos en las nuevas Constituciones boliviana y ecuatoriana no se basan únicamente en la tradición mitificada de una organización comunitaria indígena ideal, sino que expresan también los principios morales y sociales que rigen las iniciativas económicas y comerciales alternativas propuestas por la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América/ Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

[9] La implementación de las políticas de ajuste estructural (PAS) en el marco del reembolso de la deuda exterior, sumadas a las reformas neoliberales implementadas a partir de los años 80, constituían un retroceso de los derechos sociales y laborales del movimiento indígena. No es una casualidad si el gran movimiento insurreccional indígena en Chipas (1^ero de enero de 1994) liderado por el Ejercito Zapatista de Liberación  Nacional (EZLN) empezó con la entrada en vigor del TLCAN: Tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México.

[10] La CONAIE fue creada en 1986 en el Ecuador por Luis Macas. Se compone de las tres principales federaciones regionales: CONFENIAE (Confederación de las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana), ECUARUNARI (Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador), CONAICE (Coordinación de las nacionalidades indígenas y negras de la costa ecuatoriana).

[11] En 1996 el movimiento indígena se juntó con las organizaciones campesinas para crear el partido Pachakutik, brazo político y electoral de la CONAIE. Este potente movimiento le permitió a Lucio Gutierrez ganar las elecciones presidenciales en 2002. (Massal, 2009: 87-107).

[12] Los nativos, indígenas o amerindios son términos que son utilizados más usualmente para designar a la población oriunda del territorio que habita y cuyo establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos. En América, se aplican a las etnias que preservan las culturas tradicionales no europeas.

[13] Según el VI censo de Población y V de Vivienda 2001 – INEC realizado por autodefinición étnica, las personas ecuatorianas que se identificaron como indígenas representaban el 6,8 % del total de la población nacional, la cual ascendía a 12.156.608 habitantes. [http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7015.pdf Ultimo acceso el 10/04/09]

[14] Cf. Breves informes por País: Ecuador (UN- Instraw), accesible en el sitio en Internet <http://www.un-instraw.org/es/biblioteca/gender-governance-and-political-participation/breve-informe-indigena-por-pais-ecuador/view.html>. Ultimo acceso el 28/05/09.

[15] Según la definición que dio el CODENPE (Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador) creado tras la promulgación de la Constitución de 1998 : Las « nacionalidades » son « los pueblos anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma y cultura comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad”. Accesible en el sitio Internet .

[16] El proceso de deforestación afectó profundamente a las comunidades Achuars y Shuars que sufrieron particularmente de la guerra entre el Ecuador y el Perú  en 1995, lo cual causó daño al medioambiente en razón de la contaminación de las aguas y la reducción de las zonas tradicionales de caza amenazando así su medio básico de subsistencia. Accesible en el sitio Internet , último acceso el 10/01/09.

[17]El Montubio es el campesino que vive en la zona rural de la costa ecuatoriana.

[18] La experiencia de una televisión alternativa e independiente fue lanzada con TeleSur  en 2005. Es una empresa multiestatal creada con el apoyo de países como Argentina, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Brasil y Venezuela. Difunde en toda América, Europa occidental, norte de África y una parte de Oriente medio gracias a su sitio Internet (www.telesurtv.net) y a través de satélites. Su objetivo es el de ofrecer otra visión del mundo, ser el reflejo de la realidad pluriétnica y social representativa de las sociedades del Sur.

[19]En septiembre de 2007, el gobierno ecuatoriano anunció que el Estado se quedará con el 99% de los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras.

[20] El objetivo del ALBA como organización de integración es la lucha contra  la pobreza y la exclusión social, se fundamenta en mecanismos de compensación que permiten reducir las asimetrías entre las naciones que la conforman, y mediante la aplicación el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). Son actualmente nueve países de América Latina y del Caribe. El Ecuador se incorporó oficialmente al ALBA-TCP en junio de 2009 con motivo de la VI Cumbre extraordinaria de esta organización. En el marco del TCP, se creó la iniciativa de Petrocaribe que permitió abastecer en combustible a los pequeños países del Caribe de escasos recursos.

[21] Así, se llevaron a cabo en todo el continente grandes campañas de salud pública y de educación con programas como Operación Milagro y la difusión del método cubano de alfabetización Yo sí puedo. A nivel cultural y comunicacional, la creación de TeleSur, de TeleAlba y en febrero de 2006 del Fondo cultural del ALBA, simbolizan la misma voluntad política de valorización y de defensa de las expresiones artísticas esenciales de las identidades caribeñas y latinoamericanas. Para sus promotores esta acción se integra en un proyecto social cuyo objetivo es, promover el acceso a la educación y a la cultura para todos.

[22] Recordemos también que fue la UNASUR y no la OEA, la que intervino en la crisis mayor que sacudió a Bolivia en septiembre del 2008 para llevarle su pleno respaldo al gobierno boliviano frente a las violentas e ilegales tentativas de desestabilización del país.

[23] La violencia de los recientes sublevamientos de los indígenas del Perú, en junio de 2009, los cuales manifestaron para hacer reconocer y respetar sus derechos territoriales, es una prueba más de la potencia y de la influencia sobre las decisiones gubernamentales de las organizaciones de los pueblos autóctonos.

[24]El filósofo francés Comyte-Sponville explica en su libro: Le capitalisme est-il moral? que el sistema económico del capitalismo, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y de intercambios, por la libertad del mercado y por el asalariado es radicalmente “amoral”. Ya que la economía como ciencia y técnica no puede ser moral, es sin voluntad ni conciencia. El capitalismo no es igualitario por naturaleza ya que sirve con la riqueza a producir más riqueza, “la mejor manera de enriquecerse en un país capitalista, es ser rico” dice el autor recordando el pensamiento de Adam Smith.

[25] El Ecuador había propuesto no proceder a la explotación petrolífera de una de las reservas más ricas de la biosfera del planeta: el parque nacional de Yasuní, que reagrupa los tres sectores Ishpingo, Tiputini, Tambococha (ITT), esto por razones no solamente ecológicas sino también humanas y sociales. Rafael Correa, al invocar el principio de corresponsabilidad pedía a la comunidad internacional una contribución equivalente al 50% de estos probables ingresos. Se trataba  de un enorme sacrificio para un país pobre como el Ecuador que posee una economía basada principalmente en la renta petrolera. El ITT representa cerca de un 20% de las reservas totales conocidas en el país, o sea unos 850 millones de barriles de petróleo. Su explotación podría aportar al Estado entre 5 y 6 000 millones de dólares. Por el momento, sólo Alemania y Noruega  prometieron un sostén financiero al proyecto durante la Cumbre de Copenhague de diciembre de 2009, pero, el Ecuador espera que la idea pueda servir de modelo de desarrollo para una economía pospetrolera. Ver a este propósito la entrevista realizada con Alberto Acosta, investigador en la Flacso y el ministro del gobierno de R. Correa : , último acceso el 31/12/2009.

[26] El 3 de agosto de 2010, Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un fideicomiso que canalizará los fondos que el país recibirá de la comunidad internacional para preservar el parque nacional Yasuní.

[27] Entrevista de Benjamín Fernández Bogado, periodista, abogado y profesor universitario paraguayo con motivo de la salida de su libro, ¿Y ahora qué?, in: El Comercio, 25/06/09.

 

Bibliografía

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Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. [URL : http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm ]

 

Sitios oficiales consultados :

CODENPE (Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador) [URL: http://www.inec.gov.ec/web/guest/conepia/con_map.]

CONAIE [URL : http://www.conaie.org/]

INEC [URL : http://www.inec.gov.ec/web/guest/publicaciones/estudios/soc/pob_ind_ecu]

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador; [URL : http://www.mmrree.gov.ec/ ]

Portal Alba-TCP  [URL : http://www.alternativabolivariana.org/]

Presidencia de la República del Ecuador,  [URL : http://www.presidencia.gov.ec/]

TeleSur [URL : www.telesurtv.net]

 

Para citar este artículo:

D'Arcier-Flores Hortense Faivre, "El “Buen vivir”: ¿Un remedio al malestar global? ", RITA, N°4 : diciembre 2010, (en línea), Puesto en línea el 10 de diciembre de 2010. Disponible en línea http://www.revue-rita.com/notes-de-recherche-60/el-buen-vivir.html